El pasado 28 de agosto se publicó en El Diario una entrevista a la escritora y doctora en Derecho Constitucional Ana Valero Heredia, autora del ensayo La libertad de la pornografía. Titulado «Ana Valero: “Defender la limitación de la pornografía porque daña a todas las mujeres es un discurso peligroso”», el artículo nos permite entender la realidad de un incipiente debate en el contexto español hoy día en torno a las dinámicas que se dan en los encuentros sexuales.
Valero comienza haciéndonos un pequeño recordatorio que la pornografía tuvo sus inicios como instrumento político capaz de establecer modelos contrahegemónicos de relaciones. Más tarde, la llegada de los dispositivos de poder actuales estableció un canon de pornografía que podríamos, tal y como hace ella, llamar «porno mainstream».
El debate planteado en torno a la pornografía ya tuvo lugar en el contexto estadounidense de los años 70-80 con las posiciones pro-sex y anti-porno. Hoy día, la situación española ha abierto frente al debate general sobre la prostitución: posturas proderechos frente abolicionismos. Si bien la dicotomía analítica regulacionistas vs. abolicionistas a veces es útil para significar tipos de feminismos, nada más alejado de la realidad suponen debates que nos alejan de las demandas y necesidades de les trabajadores sexuales.
Tanto es así que, sin atender la voz de les trabajadores sexuales, el gobierno actual de la coalición PSOE-Unidas Podemos ha puesto en marcha un entramado para acabar con el ejercicio del trabajo sexual. Entre ellas, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual supone la prohibición de los anuncios de trabajo sexual a partir del artículo 11 sobre «Prevención y sensibilización en el ámbito publicitario». Así, nos hemos levantado este septiembre con notificaciones de páginas web como Pasión o Slumi que aseguran cerrar sus secciones de «Contactos».
Lo que a bote pronto es un ejercicio de agrado a los sectores institucionalizados del feminismo supone un traslado de les trabajadores sexuales hacia otros espacios en los que elles no tengan el control de las situaciones.
Si a través de anuncios se podían hacer contactos de forma más o menos controlada, ¿dónde van a ocurrir ahora? Más que un ejercicio de solución a los posibles problemas relacionados con el trabajo sexual, se trata entonces de un paso más por ocultar la realidad de miles de personas, concretamente mujeres.
Ahora, nos queda movilizarnos ante un gobierno que no entiende que la prohibición del trabajo sexual supone la clandestinidad y el hostigamiento e incluso la criminalización de miles de mujeres y personas disidentes. Tejamos redes de apoyo mutuo, autogestión y supervivencia y estemos atentes a los siguientes pasos de un gobierno que planea la constitución de una posible ley prohibicionista con la tercería locativa y el trabajo sexual a través de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
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